Ante un comentario en Facebook

Nos ponen el comentario de la imagen. Pues bien, aclaramos. Cuando decimos «el Ayuntamiento debería», no lo hacemos por gusto.
Las Leyes de Patrimonio tanto Estatal como Autonómica, así lo exigen al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC), en este caso, de propiedad municipal.
La Ley de Patrimonio Estatal es de 1985, y las competencias sobre esta ley fueron transferidas a las Comunidades Autónomas. La Comunidad Andaluza dispone de una ley propia desde 2007 (Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía).
La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español dispone:
Artículo 7. Los Ayuntamientos cooperarán con los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido en su término municipal, adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Notificarán a la Administración competente cualquier amenaza, daño o perturbación de su función social que tales bienes sufran, así como las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de estos bienes. Ejercerán asimismo las demás funciones que tengan expresamente atribuidas en virtud de esta Ley.
Y el artículo 8.1: Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien integrante del Patrimonio Histórico Español deberán, en el menor tiempo posible, ponerlo en conocimiento de la Administración competente, quien comprobará el objeto de la denuncia y actuará con arreglo a lo que en esta Ley se dispone.
Ésto último es lo que hizo nuestra Asociación mediante escrito dirigido al Ayuntamiento el 20 de Mayo de 2019.

El artículo artículo 36 establece que:
1. Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos reales o por los poseedores de tales bienes. (…)
3. Cuando los propietarios o los titulares de derechos reales sobre bienes declarados de interés cultural o bienes incluidos en el Inventario General no ejecuten las actuaciones exigidas en el cumplimiento de la obligación prevista en el apartado 1 de este artículo, la Administración competente, previo requerimiento a los interesados, podrá ordenar su ejecución subsidiaria. Asimismo, podrá conceder una ayuda con carácter de anticipo reintegrable que, en caso de bienes inmuebles, será inscrita en el Registro de la Propiedad. La Administración competente también podrá realizar de modo directo las obras necesarias, si así lo requiere la más eficaz conservación de los bienes. Excepcionalmente la Administración competente podrá ordenar el depósito de los bienes muebles en centros de carácter público en tanto no desaparezcan las causas que originaron dicha necesidad.
4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo será causa de interés social para la expropiación forzosa de los bienes declarados de interés cultural por la Administración competente.

Y el artículo 37.3 que:
Será causa justificativa de interés social para la expropiación por la Administración competente de los bienes afectados por una declaración de interés cultural el peligro de destrucción o deterioro, o un uso incompatible con sus valores.
Podrán expropiarse por igual causa los inmuebles que impidan o perturben la contemplación de los bienes afectados por la declaración de interés cultural o den lugar a riesgos para los mismos. Los municipios podrán acordar también la expropiación de tales bienes notificando previamente este propósito a la Administración competente, que tendrá prioridad en el ejercicio de esta potestad.

Por su parte la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía regula:
Artículo 14. Obligaciones de las personas titulares
1. Las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, se hallen o no catalogados, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores. A estos efectos, la Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá asesorar sobre aquellas obras y actuaciones precisas para el cumplimiento del deber de conservación. (…)

Y del mismo modo que la ley estatal, se regulan en el artículo 15 las órdenes de ejecución, en el artículo 16 la ejecución forzosa y en artículo 18 la expropiación.

Además, legalmente se dispone que es obligatorio un plan especial de actuación (Plan Director) que asegure conservación del BIC, y del cual es responsable la administración competente.

Así pues, no lo decimos por decir. La ley obliga al Ayuntamiento a la conservación del Fuerte Santa Bárbara y a los ciudadanos a denunciar su deterioro y abandono. Si el Ayuntamiento al igual que usted, entiende preferente otras prioridades, ya hemos visto como puede solicitar ayudas económicas a la administración para rehabilitar el bien y, en caso de no disponer de dinero suficiente como para hacer frente al mantenimiento del BIC la administración competente  (en este caso la Junta de Andalucía) debe hacerse cargo.

Por lo demás, nos parece respetable que usted no tenga interés en el Fuerte Santa Bárbara. Nosotros entendemos que el único resto del origen de nuestra ciudad, merece ser especialmente protegido y salvaguardado para el futuro.